El gobierno español ha aprobado hoy el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que permitirá perseguir a webs de enlaces que, supuestamente, permitan la llamada "piratería" de contenidos. La tramitación de la Ley no se realizará hasta finales de año pero, una vez aprobada por completo, dará luz verde a una comisión gubernamental para perseguir páginas web cuya “principal actividad sea la de facilitar de manera específica y masiva la localización de obras y prestaciones que indiciariamente se ofrecen sin autorización". Traducido: cerrar páginas de enlaces como medida para luchar contra la "piratería".
El proyecto de Ley se ha bautizado como Ley Lassalle en referencia a José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura y uno de los principales impulsores del proyecto.
Esta normativa será aún más dura que la anterior (conocida como Ley Sinde) porque perseguirá tanto a las webs de enlaces como a los intermediarios de esta, independientemente de dónde estén ubicados los servidores del servicio. Además, un nuevo sistema de multas podría imponer sanciones de entre 30.000 y 300.000 euros si no se atienden a las peticiones de contenidos realizadas por la Comisión gubernamental designada.
Este nuevo anteproyecto de reforma de la LPI sale adelante a pesar de que numerosas sentencias judiciales en España han exculpado de forma casi unánime a las webs de enlaces acusadas en procesos anteriores.
El proyecto de ley prevé además restringir fuertemente el concepto de copia privada a aquella que se realiza de un contenido adquirido de forma comercial y sobre un soporte original comprado. Esto podría afectar directamente a contenido digital alquilado o prestado.
Internautas, empresarios y colectivos de industrias culturales han expresado su rechazo directo a este proyecto de Ley por considerarlo desproporcinado, ineficiente y, sobre todo, por añadir inestabilidad jurídica al desarrollo de negocios y actividades online.